REITERAN COMPROMISO DE PANAMÁ PARA ENFRENTAR CAMBIO CLIMÁTICO

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Panamá reiteró su compromiso de respetar el acuerdo de Escazú, el cual es el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012, y la Decisión de Santiago adoptada en 2014 por 24 países.
Ha sido suscrito por 21 países y ratificado por seis naciones (Bolivia, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay, con el cual se garantiza la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, quien participó en el panel “Cambio Climático y derechos humanos: Contribuciones desde y para América Latina y el Caribe”, el cual se realizó en el marco de la vigésima quinta Conferencia de las Partes (COP 25), que se está celebrando en Madrid, España, explicó que “Panamá está a punto de ratificar este acuerdo el cual le exigirá a nuestra nación y a los países de la región latinoamericana y del Caribe, contar con niveles de acceso a la información climática adecuados, a fin de que las personas cuenten con la información científica necesaria para participar en los procesos de tomas de decisiones sobre cambio climático”.
Concepción, de acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de Ambiente, aclaró que el Estado panameño reconoce que no se puede enfrentar el cambio climático sin garantizar el respeto y goce de los derechos humanos.
En ese sentido, manifestó que la participación ciudadana en las tomas de decisiones, el acceso a la información y a la justicia ambiental son esenciales para garantizar la efectividad de las medidas de mitigación y adaptación, y de contar con políticas climáticas que protejan a las comunidades más vulnerables de sus impactos.
En octubre del presente año la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate, el proyecto de ley para la ratificación de dicho acuerdo, el cual además sienta las bases para fortalecer la protección de los defensores ambientales “que exigen acciones contundentes contra el cambio climático y les permite acceder a procesos judiciales y administrativos cuando existan violaciones a estos derechos ambientales”.

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